Este lunes, la justicia argentina dictó la entrega oficial de toneladas de alimentos en depósitos del Ministerio de Capital Humano a comedores comunitarios, sin embargo, el gobierno liderado por Javier Milei declaró que apelará la medida debido a que se trata de reservas destinadas a situaciones de catástrofe.

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El juez Sebastián Casanello dictó al Ministerio que entregue un resumen de los alimentos retenidos en un plazo de 72 horas y se proceda a su distribución «de inmediato».

El juez respaldó su decisión con datos que indican que más del 50 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza.

«De cara a ese colectivo que sufre de modo acuciante inseguridad alimentaria y sobre quien pesa el costo de la parálisis denunciada, aparece la necesidad de la adopción urgente de una acción positiva», sostuvo.

La decisión forma parte de una causa judicial iniciada en febrero pasado por organizaciones sociales que critican al gobierno, después de que en diciembre pasado se interrumpiera la entrega de alimentos a sus comedores comunitarios debido a una auditoría del Ministerio.

De acuerdo con la información publicada por la prensa local, el juez ordenó al gobierno que implemente «un plan de distribución de alimentos en función de su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, anticipando su ejecución inmediata».

Este lunes, Manuel Adorni, el vocero presidencial, declaró en una conferencia de prensa que el gobierno «apelará» la orden judicial. «Se trata de políticas públicas», afirmó.

Cuando se le preguntó por qué el gobierno recolectaba esos alimentos, Adorni señaló que se tratan «de reservas preventivas para emergencias o catástrofes» y aseguró que «no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura».

«Por un carril van los alimentos que terminan en los comedores y otros aquellos con destino para otro fin», afirmó sin dar mayores precisiones.

En una declaración ante el Congreso, Nicolás Posse, ex jefe de gabinete, afirmó que los hallazgos de la auditoría indicaron que «casi el 50 por ciento de los comedores no existían».

Según las organizaciones, existen alrededor de 45 mil establecimientos de comedores comunitarios en todo el país, sin embargo, una cantidad imprecisa de ellos dejó de funcionar debido a la falta de suministro del Estado, mientras que otros están operando gracias a donaciones privadas.

En febrero pasado, el líder social cercano al papa Francisco y fundador de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois, había expresado su preocupación por la ausencia de alimentos.

También indicó que se ha establecido un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se enfoca en el «abordaje comunitario» para reducir las situaciones de vulnerabilidad. Y mostró los documentos originales del acuerdo por el cual se obtuvieron los alimentos como prueba.

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